El PJ dictará sentencia a Álvarez este 27 de mayo

Otro proceso judicial en contra del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, ha llegado a su fin. Ayer, se realizaron los alegatos de clausura del juicio por la obra de construcción del Módulo de Justicia de Nuevo Chimbote. Tras el término de la diligencia, el juez del Santa Fernando Arequipeño Ríos, integrante del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, anunció que el próximo lunes 27 de mayo, desde las 3:00 de la tarde, dará a conocer su fallo.

La nueva audiencia a la que ha convocado el magistrado permitirá conocer los lineamientos de la sentencia. Luego, deberá fijar fecha para la lectura de la resolución en su integridad.

ACUSADOS

La construcción del Módulo de Justicia de Nuevo Chimbote, se hizo a través de un criticado convenio que el Gobierno Regional de Áncash (GRA) firmó con el Poder Judicial, que además incluía capacitaciones a jueces de la Corte Superior de Justicia del Santa, cuando coincidentemente las denuncias contra el entonces gobernador, no prosperaban.

Sin embargo, se debe señalar que la acusación por este juicio, abarca únicamente la construcción del edificio donde justamente ayer se realizó la audiencia en contra de Álvarez.

En la diligencia, el fiscal anticorrupción del Santa, Laureano Añanca Chumbe se reafirmó en su pedido de 8 años de prisión para Álvarez Aguilar. El Ministerio Público sostiene que el exmandatario incurrió en un concurso real de los delitos de malversación (3 años de cárcel) y colusión (5 años de cárcel).

A decir de Añanca Chumbe, durante todo el proceso judicial la Fiscalía pudo demostrar la responsabilidad del exgobernador en los presuntos hechos de corrupción.

“Creemos que vamos a lograr un fallo a nuestro favor, conforme al trabajo que hemos efectuado durante todo el proceso”, declaró a Correo.

El Ministerio Público también ha llevado a juicio a los exfuncionarios regionales William Teddy Bejarano Rivera, Enrique Godoy Palacios y Cecilia Alfaro García; para quienes pide 5 años de cárcel, al considerarlos como “coautores” del delito de colusión.

El mismo ilícito, pero en calidad de “cómplices”, les ha sido imputados a los empresarios Laydy Romayna Romero, Julio Martínez Estrada y Mariela Rivero Antúnez, vinculados a la empresa constructora Consorcio Jurídico, a quien se le adjudicaron los trabajos que estuvieron valorizados en 14 millones de soles. También pide 5 años de cárcel para ellos.

El exgerente de la Subregión Pacífico, Juan Carlos Gallo Zegarra, ha sido comprendido en la acusación, solo en el extremo del delito de malversación de fondos. La Fiscalía pide para él, 2 años de cárcel efectiva.

LOS DELITOS
Como ya hemos visto son dos los delitos que persigue la Fiscalía Anticorrupción en este caso. Solo a Álvarez Aguilar se le imputan ambos, por ello que afronta la pena más alta de cárcel.

Respecto al delito de malversación de fondos, el fiscal Añanca sostiene que el proyecto de la millonaria obra no estaba considerado dentro del Plan Anual de Contrataciones y recién en marzo de 2011, se aprobó un presupuesto para los trabajos.

A fin de poder justificar la viabilidad presupuestal, acusa el fiscal, el Gobierno Regional de Áncash realizó anulaciones y modificaciones presupuestarias destinada para el cumplimiento de otras metas que ya estaban previstas. Dicho de otro modo, la Fiscalía indica que la obra no contó con presupuesto asignado desde el principio.

Realizando estas modificaciones, es que en junio de 2011, la Región transfiere a la Subregión Pacífico (unidad ejecutora) un presupuesto de 15 millones de soles. Pero ahí no quedó todo. La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado que de este dinero transferido a la entidad subregional, en diciembre de ese año, también se realizaron nuevas modificaciones y anulaciones de metas por un monto de 7 millones de soles.

Así las cosas, el desvío de los fondos destinados para la edificación de la nueva infraestructura judicial, hizo que el proyecto sufra constantes paralizaciones por falta de presupuesto. Incluso, se debe recordar que los trabajos recién fueron culminados en el 2016.

El segundo delito es colusión. La Fiscalía considera que los funcionarios regionales, miembros del comité de licitaciones, se coludieron para favorecer al consorcio. El fiscal Añanca indicó que investigación ha permitido conocer que el Consorcio Jurídico no reunía los requisitos mínimos exigidos para adjudicarse la obra. Asimismo, tampoco contaba con la capacidad económica necesaria.

A ello también debemos sumarle que uno de los consorciados era un miembro del desparecido movimiento político Cuenta Conmigo, el exregidor de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Máximo García Pinedo, quien falleció en el transcurso del proceso.

El representante del Ministerio Público considera que él fue “el nexo” para que la empresa se pueda adjudicar la obra, ya que como es de conocimiento público Cuenta Conmigo, era liderado por César Álvarez. Sin embargo, la acción penal en contra de él se ha extinguido, por obvias razones.

DEFENSA
Desde la sala de audiencias del penal Piedras Gordas, donde cumple prisión preventiva por el caso “La Centralita” y una condena de dos años por el delito de malversación; el exgobernador regional, César Álvarez siguió el desarrollo de la audiencia de ayer.

Además de los alegatos de clausura hechos por sus abogados, Álvarez Aguilar, también tomó la palabra y ejerció su defensa material frente a las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público en su contra. Al igual que en otras investigaciones fiscales que enfrenta, esta vez la exautoridad también se declaró inocente.

Ante el juez Arequipeño Ríos dijo que tanto las modificaciones y anulaciones presupuestarias estuvieron hechas conforme a ley y que no se afectó la función encomendada de los recursos. Asimismo, también usó en su defensa la “calidad” de la obra que hoy en día tiene la Corte del Santa.

F. elcorreo