Fuerza Popular y el Apra vuelven a proteger al fiscal Pedro Chávarry

Archivado. Fujiaprismo evita que se investigue y sancione al ex fiscal de la Nación por deslacrado en el Ministerio Público y por todas las denuncias acumuladas como las de sus vinculaciones con la red criminal «Los Cuellos Blancos». Chávarry y Tomás Gálvez salieron airosos de la Comisión Permanente.

Fuerza Popular y el Apra, una vez más, se opusieron a que el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry responda por sus actos. Ayer, con su voto mayoritario en la Comisión Permanente del Congreso, no solo impidieron que se le investigue al magistrado por organización criminal e encubrimiento personal, sino que, además, rechazaron su suspensión, destitución e inhabilitación y archivaron las graves denuncias presentadas en su contra.

La única acusación contra el magistrado que permitieron pasar fue la de encubrimiento real, que tiene una sanción menor al delito de organización criminal, que era el cargo más grave y cuya pena llega hasta los 20 años de prisión.

Los legisladores naranjas y el único congresista aprista integrante del grupo parlamentario, Mauricio Mulder, usaron su votos para blindar al cuestionado ex fiscal de la Nación.

La cuestión previa planteada para votar por separado los delitos y sanciones también apuntaban a eso. La votación y los resultados de la misma confirmaron esa premisa

En el pedido de que se investigue a Chávarry por organización criminal, los congresistas Leyla Chihuán, Miguel Torres y Alejandra Aramayo tuvieron una votación diferenciada con los colegas de su bancada y votaron a favor, lo que casi permitió que esta posición prosperara. Ante un empate de 12 votos a favor y 12 votos en contra, Mulder se retractó en abstención y con la anuencia de Salaverry lo sumó para salvar a Chávarry con 13 votos.

Fue la única diferencia que tuvieron Torres y Aramayo con los miembros de su bancada. En los restantes pedidos tuvieron la misma votación. La única que se diferenció fue Chihuán.

La protección al fiscal supremo se evidenció desde temprano cuando se rechazó la acusación por el deslacrado ilegal de las oficinas del Ministerio Público autorizada por el entonces fiscal de la Nación.

Los congresistas Oracio Pacori, Marco Arana y Humberto Morales, del Frente Amplio, solicitaron que este caso regrese a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para un mejor análisis, ya que la denuncia 301 fue archivada en este foro parlamentario.

Sin embargo, el fujiaprismo se opuso argumentando que ya hay otra denuncia en la misma materia que aún falta definir, realizada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Pese a las pruebas, los congresistas de Fuerza Popular y del Apra se esmeraron en dar argumentos para evitar esta indagación.

Con la acusación se buscaba que Chávarry responda por haber ingresado el 5 de enero de este año a la oficina de su asesor Juan Manuel Duarte, que por entonces se encontraba lacrada. No obstante, al igual que el 2 de abril, el fujiaprismo se opuso a que el ex fiscal de la Nación, presunto integrante de «Los Cuellos Blancos del Puerto», sea investigado por este caso.

Votaron a favor de investigar a Pedro Chávarry los congresistas de las otras bancadas Richard Arce, Marco Arana, Humberto Morales, César Vásquez, Richard Acuña, Víctor García Belaunde, Oracio Pacori, Mercedes Aráoz y Moisés Guía Pianto. Las fujimoristas Leyla Chihuán y Lourdes Alcorta votaron en abstención en el deslacrado.

La peor defensa

Ayer, en la Comisión Permanente también se presentaron Pedro Chávarry y el fiscal supremo Tomás Gálvez, quien afronta varias denuncias constitucionales en su contra.

Chávarry aprovechó su intervención para actuar como abogado de Keiko y cuestionar a la Fiscalía por pedir prisión preventiva contra la lideresa fujimorista.

El magistrado cuestionó a la justicia peruana por haber colocado a Keiko un chaleco que decía «detenido». Según dijo, esto fue «una bajeza», pues a otros investigados, en relación a Susana, no se le colocó esa indumentaria.

Es más, Chávarry afirmó que fue un error colocar en la investigación del caso Lava Jato a los fiscales José Pérez y Rafael Vela. También dijo que Alan García fue víctima de una persecución de los referidos magistrados.

El fiscal supremo agregó que él también era víctima de una campaña del presidente Vizcarra «que no quiere que se sepa toda la verdad» y que esa conducta en su contra empezó por sacado a luz el caso Chinchero.

Chávarry era acusado por el delito de organización criminal, por sus presuntos vínculos con «Los Cuellos Blancos del Puerto», y por encubrimiento real y encubrimiento personal.

El fiscal Gálvez también insistió en que es inocente de los cargos de organización criminal, tráfico de influencia y omisión de denuncia.

Solo encubrimiento real

La única acusación aprobada contra Chávarry fue por encubrimiento real que tiene penas de siete a 10 años de prisión. Esta posición tuvo 12 votos a favor y 9 en contra.

Cuatro congresistas optaron por la abstención, entre ellos, Mulder, y los fujimoristas Vilcatoma, Tapia y Alcalá. Una posición distinta tuvieron en las demás acusaciones en que votaron para favorecer a Chávarry.

La acusación por encubrimiento personal contra el ex fiscal de la Nación también fue rechazada con 13 votos en contra y 12 a favor.

Tampoco prosperó ninguna de las sanciones recomendadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La suspensión de funciones fue desaprobada con 15 votos al igual que la destitución, mientras que la inhabilitación por 10 años para ejercer la función pública fue rechazada con 14 votos.

Finalmente, se votó por archivar las denuncias contra el ex fiscal de la Nación, que nuevamente recibe el amparo de la bancada naranja.

También a Tomás Gálvez

– El fiscal supremo Tomás Gálvez también fue “salvado” por Fuerza Popular y el Apra que evitaron con sus votos que se aprueben las serias acusaciones en su contra. Con 13 votos del fujiaprismo, a los que se sumaron los dos votos de Alianza para el Progreso, se rechazó la acusación contra el magistrado por pertenencia a una organización criminal, que es sancionada hasta con 20 años de cárcel. Solo cinco legisladores, de las demás bancadas, votaron a favor de investigar a Gálvez.

– Respecto al delito de tráfico de influencias, los legisladores rechazaron las acusaciones con 15 votos en contra, 6 a favor y 4 abstenciones. Además, por el delito de omisión de denuncia, hubo 15 votos en contra, 6 a favor y 4 abstenciones.

– La inhabilitación por 10 años también fue descartada con 16 votos en contra, 6 a favor y 3 abstenciones.