Keiko Fujimori: cinco claves para entender investigación en su contra

La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, enfrentará este miércoles un pedido de prisión preventiva por 36 meses solicitado por el fiscal José Domingo Pérez por una investigación que se le sigue por presunto lavado de activos.

La medida solicitada ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, encabezado por el juez Richard Concepción Carhuancho, también implica a otras 11 personas del entorno de la ex candidata presidencial.

Repasa en este recuento los principales sucesos relacionados al pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

1. El origen de la investigación
El fiscal José Domingo Pérez abrió en marzo del 2016 una investigación preliminar contra la hija mayor del ex mandatario Alberto Fujimori, así como contra su esposo Mark Vito Villanella, a causa de presuntos aportes irregulares para la campaña electoral de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), agrupación que la lanzó a la Presidencia de la República.

Para esto, el fiscal José Domingo Pérez, también integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato, se centró en la realización de cocteles y la «gran rifa», actividades efectuadas por la agrupación política para presuntamente recabar fondos de campaña.

Posteriormente, como parte de la investigación, se interrogó a Marcelo Odebreceht, ex CEO de la compañía brasileña del mismo apellido, además de ex funcionarios de la empresa, y se realizaron allanamientos a locales partidarios de Fuerza Popular.

2. Orden de detención preliminar
El último 10 de octubre, el juez Richard Concepción Carhuancho acogió un pedido de José Domingo Pérez para que Keiko Fujimori, junto a otras 19 personas, sean detenidas preliminarmente por 10 días bajo la premisa de que la lideresa de la agrupación naranja sería la cabecilla de una organización criminal que se formó al interior del partido Fuerza 2011.

Según la hipótesis fiscal, Fujimori Higuchi, en calidad de presidenta de la agrupación y en atención del artículo 41 del estatuto del partido político (que la faculta a remover de manera unilateral al secretario general de la organización y a los tesoreros), habría encargado a Jaime Yoshiyama y a Augusto Bedoya solicitar dinero a la constructora brasileña Odebrecht.

De acuerdo con la tesis del fiscal, por disposición de Keiko Fujimori dicho partido político recibió, transfirió y convirtió un total de US$1’200.000 de Odebrecht. De dicho monto, US$1 millón tendría procedencia ilícita.

Algunas de las pruebas supuestas presentadas por el representante del Ministerio Público fueron, precisamente, las declaraciones de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, quienes declararon que habían aportado dinero a Fuerza 2011.

El pedido de prisión preventiva también recogió la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, quien aseveró que Keiko Fujimori habría tratado de influir en el Caso Cocteles a través del ex juez supremo César Hinostroza, actualmente detenido en España tras fugarse del Perú, entre ellos pertenencia a una organización criminal en alusión a «Los Cuellos Blancos del Puerto».

3. La detención de los asesores
La noche del pasado 15 de octubre, Ana Herz de Vega y Pier Figari, asesores de Keiko Fujimori, fueron detenidos durante la marcha organizada en respaldo a la lideresa de la agrupación naranja, quien cumplía con la detención preliminar ordenada por Concepción Carhuancho.

Según la declaración del testigo protegido “TP 2017-55-3”, Fujimori Higuchi, sus asesores Ana Herz de Vega y Pier Figari, así como la tesorera de Fuerza 2011, Adriana Tarazona de Cortés, acordaron que los donaciones entregadas por empresarios “que no querían aparecer en la lista de aportes” de la agrupación, iban a estar registradas ante la ONPE a nombre de falsos aportantes.

4. La liberación de Keiko Fujimori
Tras cumplir ocho días de detención preliminar en la Prefectura de Lima, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que preside el juez César Sahuanay, ordenó la salida de Keiko Fujimori, argumentando que el magistrado Richard Concepción Carhuancho no fundamentó adecuadamente su decisión.

Giulliana Loza, abogada de la lideresa de FP, había señalado durante la fundamentación de su apelación a la detención, que la disposición era «abusiva, injusta y arbitraria», y que su defendida no puso en peligro procesal la investigación que le sigue la fiscalía.

El juez César Sahuanay, además, relató durante la lectura de su decisión que partes del requerimiento fiscal fueron exactamente replicadas en la resolución judicial del juez Richard Concepción Carhuancho.

Dos días después, la defensa legal de Keiko Fujimori anunció que presentó una recusación contra Concepción Carhuancho para que no evalúe más solicitudes fiscales relacionadas a la lideresa de FP.

5. Pedido de prisión preventiva
El 19 de octubre, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y otras once personas, entre las que figuran Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Ana Herz de Vega y Pier Figari. Se programó la audiencia, encabezada por el juez Concepción, para el último domingo.

Entre las principales pruebas presentadas por el fiscal Pérez figuran, además de las declaraciones de los testigos protegidos, las de ocho aspirantes a colaboradores eficaces que señalaron que ayudaron a lavar, a través de aportes, el presunto dinero ilícito que recibió Fuerza 2011 para la campaña electoral de ese año. Parte del dinero, según la fiscalía, sería el que entregó Odebrecht.

El representante del Ministerio Público también añadió como pruebas los correos electrónicos y transferencias bancarias que realizó Odebrecht a la campaña de Fujimori en el 2011. Dichas transferencias quedaron registradas en el servidor My Web Day. Fueron incorporados, específicamente, un correo electrónico, dos órdenes de pago y tres estados de cuenta en el Credicorp Bank de Panamá.

En la audiencia del domingo, sin embargo, el juez Richard Concepción Carhuancho resolvió dar un plazo de 24 horas para que el fiscal José Domingo Pérez individualice los elementos de convicción por cada uno de los investigados y para que el fiscal les entregue a los abogados defensores copias del expediente faltantes.

Tras subsanarse las observaciones, una nueva y definitiva audiencia fue programada por el Poder Judicial para las 9:30 a.m. de mañana miércoles.